Fue en agosto de 1980 cuando el Gobierno Civil de Barcelona envió al Front d’Alliberament Gai de Catalunya su registro como asociación legal, tras una densa campaña. Entrado julio en una reunión con el Ministerio del Interior en Madrid cedió, pero la documentación llegó en agosto.
Fuimos las últimas personas militantes en ser reconocidas acabando la transición. La exclusión de los homosexuales de la franquista Ley de Peligrosidad Social en 1978 había sido la primera victoria.
La censura de la dictadura evitó que aquí se conocieran los avances científicos de los años 40 y 50 (Kinsey, Hooker) y nada se supo de la Academia Norteamericana de Psiquiatría que borró la homosexualidad como enfermedad en 1973. Aquí mandaba la moral católica, éramos pecado, enfermedad y delito.
Nuestra sociedad en los 70 ya estaba harta de la censura general y hasta para organizar espectáculos, había que llevar las letras de las canciones al Gobierno Civil para sellarlas.
En este marco surgió el FAGC en 1975, liderado por Armand de Fluvià.
Nada era como ahora. Los locales de encuentro de gays y lesbianas eran escasos y había que llamar a la puerta para entrar. Había mucho miedo. Se aplicaba la Ley de Peligrosidad Social, se producían redadas, malos-tratos en comisaría, las más apaleadas fueron las mujeres trans.
Barcelona, por su fama cosmopolita, se había convertido en ciudad de sexilio, llegaron personas LGTBIQ desde todo el estado, especialmente desde Andalucía Murcia y Extremadura.
Las manifestaciones de finales de los 70 y del mismo 1980 pusieron sobre la mesa que no se trataba de enfermedad, influimos en la opinión pública gracias a los medios de comunicación y los primeros apoyos llegaron de las feministas encabezadas por Empar Pineda y de varios partidos de izquierda extraparlamentaria.
Este estallido contribuyó también a que muchas personas heterosexuales se cuestionaran los mitos y represiones heredados del nacionalcatolicismo de la dictadura de Franco.
Hubo que hacer mucha pedagogía en todas direcciones y en el Congreso solamente tres diputados a título personal presionaron al presidente Adolfo Suárez para la legalización: JMª Bandrés (EE), Rudolf Guerra (PSC) y JMª Riera (PSUC). Sus respectivos grupos parlamentarios todavía no tenían clara la cuestión homosexual.
No se podía homologar España a la democracia europea, con las y los homosexuales sin derecho de ciudadanía.
Los estatutos del FAGC fueron varias veces rechazados y se abrió un Contencioso Administrativo que iniciaron Pere Comas y Magda Oranich. En diciembre de 1979 una inmensa fiesta convocada por el FAGC en el Palau d’Esports de Barcelona, recaudó fondos para ese trámite judicial. El permiso del evento lo firmaron representantes de partidos de izquierda.
Por otra parte, numerosas personalidades y entidades nos reconocieron, pero el proceso de mayor peso fue la legalización de facto por parte de 54 ayuntamientos catalanes, encabezado por el de Barcelona. La votación de estas actas en los plenos municipales derivó en algún caso en broncas, las derechas llamaban maricones a las izquierdas y éstas les llamaban fachas.
El No-Do en Catalunya fue sustituido en los cines por cortos del Institut del Cinema Català, Ventura Pons dedicó uno a favor del FAGC, recibido con aplausos del público.
Tuvimos la iniciativa de reunir en pascua de 1980 a la Conferencia Mundial de la ILGA (International Lesbian & Gay Association), vinieron delegaciones de todas partes, reunidas en Santa Cristin d’Aro (Girona). Tuvo gran eco en prensa y dejamos caer que si no había legalización podría producirse una campaña mundial de boicot al turismo.
Otra gran baza que jugó a favor fue la inclusión testimonial de candidatos gais en cuatro candidaturas de izquierda a las primeras elecciones al Parlament de Catalunya (NE, PSC, PSUC y Unitat pel Socialisme).
¿Qué había sido de las personas homosexuales y transexuales bajo la dictadura de Franco?
Todavía faltan muchísimos datos, pero por parte de la sociedad de la postguerra todo fue burlas y rechazo, que llevaron a depresiones y suicidios. La aplicación de las leyes represivas se basaba en prejuicios acientíficos, hasta el punto de existir sentencias de condena por considerar la homosexualidad como “pecado contra el espíritu santo”. Eran años de prisión en tres cárceles, Badajoz para los considerados pasivos, Huelva para los activos y la colonia agrícola penitenciaria de Tefía en Fuerteventura. Tras las condenas llegaban varios años de destierro y negado el certificado de penales, imprescindible para encontrar trabajo. Las mujeres trans sufrieron lo peor. Hay muchos expedientes por estudiar.
El franquismo toleró locales homosexuales en la periferia turística, como en Mallorca, Torremolinos Sitges, que no se salvaron de redadas y palizas. Con los avances ganados, tuvimos una gran pero corta fiesta, en muy poco llegó la pesadilla del sida.
Jordi Petit, activista gay desde 1977 (firmante de los estatutos delFAGC junto a Armand de Fluvià, Germà Pedra y Eliseo Picó)