Entidad promotora:
ACPEPF (Associació Catalana de Persones Ex-preses Politiques del Franquisme).
Durante este encuentro las distintas asociaciones y colectivos de memoria han acordado impulsar una campaña activa para identificar, proteger, señalizar y convertir los espacios y lugares de memoria histórica y democrática, en un referente patrimonial, cultural y cívico útil para preservar y transferir la memoria a las nuevas generaciones.
Es un deber de memoria democrática
“El conocimiento de la Historia y de la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas”, figura en el texto de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y forma parte de las políticas públicas integrales, contenidas en el título II. El deber de memoria en políticas públicas, debe ser entendido como un discurso por imperativo democrático, que enlaza con los valores de la prevención y garantías de no repetición.
Este imperativo se debe desarrollar eliminando los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática (artículo 35) y especialmente “preservando los lugares de memoria democrática (espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible) en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculadas a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”, tal como figura en el artículo 49 de la Ley 20/2022.
Todo un catálogo de posibilidades que permite establecer una labor pública intensa y continuada entre administraciones (a todos los niveles) y el conjunto de las entidades memorialistas.
Un buen número de comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes de memoria histórica y democrática. En otras, como se ha denunciado en este Encuentro, se han derogado o existen resistencias a su aplicación y desarrollo institucional.
La Secretaria de Estado de Memoria Democrática debe garantizar su aplicación, contribuyendo a su desarrollo e implementación en todo el Estado. Ello significa, sin mayor dilación, implementar y dotar de recursos a las acciones previstas en el artículo 50 (Declaración de lugares de memoria democrática), el 51 (Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática) y el 52 (Protección de los lugares de memoria democrática).
Por esta razón resulta escandaloso e incomprensible situaciones como la del edificio de la antigua Dirección General de Seguridad (DGS), la actual presidencia de la Comunidad de Madrid, donde decenas de asociaciones de represaliados y represaliadas de la dictadura llevan años clamando por conseguir una placa que indique “En recuerdo a todas las personas aquí detenidas, encarceladas, torturadas y asesinadas en la DGS durante la dictadura por defender la libertad, la democracia y la justicia social”. Su negativa retrata la perversidad de las Administraciones responsables y de quienes niegan las leyes y políticas públicas de memoria.
También los espacios de la cárcel de Carabanchel, derribada en el año 2008 y que, como señalan las entidades cívicas que defienden su legado y patrimonio material e inmaterial, debe resignificarse como un espacio pedagógico y divulgador de la Memoria Democrática.
Es la misma batalla por transformar la actual comisaría de Vía Laietana, 43, en Barcelona, centro ignominioso de la represión durante la Dictadura y también en épocas cercanas, en un Centro de Interpretación de la Memoria y contra la Tortura, así lo han demandado cientos de entidades ciudadanas. También su rotunda oposición a poner una placa simbólica, como se anunció recientemente, por parte del Ministro de Memoria Democrática, y que ha sido contestada por el conjunto de las entidades memorialistas.
Ejemplos similares tenemos en toda la geografía peninsular e insular. Movilizaciones ciudadanas y resistencias siniestras de los herederos políticos de la Dictadura.
El VI Encuentro hace público su empeño en dar una dimensión estatal a estas movilizaciones, convocando a todas las entidades a una reunión específica, a concretar, para diseñar una estrategia común en la defensa de los lugares y espacios de memoria.
Objetivos:
Identificar, definir, listar y priorizar, si cabe, aquellos espacios y lugares de memoria democrática que deben ser URGENTEMENTE señalizados. Tal como se ha acordado y se ha hecho público por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con la ruta de Málaga a Almería de La Desbandá. Por ejemplo, además de los anteriormente citados: La Fosa y Memorial de Paterna, la cárcel de Cáceres, etc.
Elaborar, además, una propuesta de actuación (por ejemplo, mociones en los ayuntamientos) para que las entidades locales (Diputaciones y Ayuntamientos), también asuman su cuota de responsabilidad, imprescindible para establecer rutas de memoria democrática local, tal como se está haciendo en algunos municipios.
Establecer las acciones y movilizaciones pertinentes, de forma coordinada (concentraciones, murales, actividades didácticas y de divulgación, declaraciones y mociones), para dotarlas de presencia y significación en los medios de comunicación.
Reunión preparatoria: septiembre – octubre 2024.
Listado lugares memoria (indicativo)
– Comisaría de Vía Laietana, en Barcelona.
– Edificio Casa Real de Correos (DGS) y Terrenos cárcel de Carabanchel, en Madrid.
– Terrenos antigua Casa del Pueblo de Palma de Mallorca.
– El cuadrante 1º izquierda del cementerio de Paterna y el Paredón.
– El Campo de concentración de Albatera. …..
(Otros que se propongan)
VI Encuentro Estatal de Memoria Democrática.
Valencia, 25 de mayo de 2024